La corrupción, lamentablemente se viene convirtiendo en común denominador del actual régimen. Cobra mayor preocupación, no solo por que se repite con más intensidad, sino por que los actos de corrupción queden en impunidad al igual que entre 1985 a 1990.En el caso del espionaje o “chuponeo” telefónico concurren:
1. El grupo encargado de interceptar las llamadas telefónicas, por atentar contra el derecho que toda persona tiene al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones
2. Los que pagaron a los interceptadores, por inducir a cometer el “delito” contra el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones
3. Los interceptados o “víctimas” que violando el ordenamiento legal negocian para beneficio propio, los bienes y servicios del todos los peruanos incrementando actos de corrupción indescriptibles.El 1ro y 2do grupo incurren en “delitos” contra la persona o grupos de personas, pero los 3ros que aparecen como “víctimas” incurren en “delitos contra el bienestar general de los peruanos", violando el ordenamiento legal del estado, a pesar de recibir jugosos sueldos pagados con el impuesto de todos.
En esa secuencia de “delitos” los encargados de administrar justicia no deben centrase solo en investigar y sancionar a los “chuponeadores” y a los que pagaron para cometer esa actividad ilícita, sino principalmente a los corruptos, que traicionando al confianza del pueblo, la majestad de su profesión, buscan beneficios ilícitos coludidos con los corruptores que merecen mayor castigo. Cuando en un orden social se busca proteger determinados intereses de un sector de la sociedad, o cuando aparecen intereses en conflicto como el caso de espionaje telefónico, la justicia se transforma y deja de ser el arte de hacer lo justo, dar a cada uno lo suyo, virtud de cumplir y respetar el derecho ajeno y ejercitar libremente sus derechos. Por consiguiente, la justicia antes de proteger el derecho de unos cuantos debe proteger el derecho de todos los peruanos.
En este espinoso asunto del espionaje telefónico, los medios de comunicación, así como algunos funcionarios del ministerio público, del poder judicial y congresistas denuncian el extravío de pruebas que incriminarían a los corruptos y dejan una estela de dudas, como para inducir que la corrupción tiene raíces profundos que afecta los más altos estratos del estado y que todo quede en la impunidad.
Es insoslayable que la corrupción se ha convertido en el principal problema del Perú. Ha invadido al estado, convirtiéndolo en un estado perverso manejado por una clase política también perversa cuyo objetivo es llenarse los bolsillos y estafar a la sociedad. Esta "clase" política no ha sabido llevar a la sociedad al lugar que merece. Parece estar infestado de parásitos que viven y manipulan a nuestra sociedad ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder?
Los peruanos no sabemos elegir o elegimos tan a nuestro propio nivel cultural. Por ser un pueblo con poca educación hacemos autoridades, a pillos y delincuentes. El reto fundamental estriba en desatar, pulverizar y aniquilar, todos los entuertos, amarres, argollas, pactos y malas costumbres que se dan cada 4 o 5 años cuando se cambian las autoridades elegidas. ¡Es urgente sentar las bases para un Gran Tribunal Moral que condene a muerte cívica en vida a tanto sinvergüenza enquistado en las dependencias públicas, edilicias, regionales, judiciales y legislativas! Nunca más deben ocupar cargos de ninguna naturaleza. De otra manera, la lucha debe estar en las calles.
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