El 13 de abril se cumple un año de la “avisada” caída del puente colgante de cconchopata, Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho que ocasionó 9 muertos y más de medio centenar de heridos graves, casi todos estudiantes del Colegio Nacional 9 de Diciembre de esa ciudad y procedentes de hogares humildes. En todo este tiempo, nadie, absolutamente nadie, es responsable de esas vidas, tal vez, por que sus deudos o familiares no cuenten con el “señor dinero” para conseguir justicia y honrar la memoria de los caídos o el resarcimiento de la salud de los heridos. ¿Qué pasa en el país? ¿Qué pasa con el sistema de justicia y protección de la vida humana? ¿Cómo entendemos la esencia o razón de ser de la Constitución Política del Perú, que dice…”La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado? ¿Acaso lo sucedido en cconchopata no es una infracción al DERECHO A LA VIDA? Entonces ¿donde está la sociedad y el estado? ¿Porqué en un año no se conoce todavía a los responsables y se reconoce los derechos civiles a los familiares de los caídos? Justicia que no se hace tiempo, no es justicia. Los pobres también somos humanos y dignos, valemos igual o mejor que los acaudalados. ¿Hasta cuando la justicia para los pobres, será a cuenta gotas y en largo tiempo, sino abandona por cansancio; en cambio para los que tienen los bolsillos llenos de plata, a chorros y de inmediato?
Propios y extraños saben que lo sucedido en cconchopata fue “muerte anunciada o avisada” desde casi dos años antes, por tanto, es evidente e inocultable que los encargados de gobernar actuaron con NEGLIGENCIA PUNIBLE o descuido que merece castigo; sin embargo, todo sigue como hasta antes del 13 de abril de 2009. ¿Por qué y hasta cuando?
No se trata de un evento originado por fenómenos naturales donde la ciudadanía luego de ayudar con algunos soles, se queda tranquila. Este es un caso, que tiene causantes. El mismo Estado es tercero civilmente responsable de la desaparición de esas vidas y de los accidentados, por tanto, debe asumir la obligación de indemnizar a los familiares, con parte del dinero de los impuestos costosos que pagamos. Para eso el proceso judicial tiene que ser muy bien encausado y comprendiendo al universo de responsables. ¿Quién o quiénes han asumido la defensa de los damnificados? ¿Por qué el proceso judicial no termina de ventilarse ni siquiera en la primera instancia a pesar del tiempo transcurrido? Una vez más invoco a la colonia Coracoreña residente en Lima, que se involucre en este lamentable asunto en forma directa y efectiva para sentar precedente y dar ejemplo de transparencia y solidaridad a las nuevas generaciones, asumiendo la defensa de los afectados a través de un estudio jurídico de prestigio y amplia experiencia. Está en sus manos, muchas instituciones tienen patrimonios costosos y fondos económicos en los bancos. No los volvamos a matar o causar nuevas heridas a nuestros hermanos menores, co-Dicembrinos, con la indiferencia y olvido; levantemos la voz para evitar la impunidad, se trata de vidas apagadas en capullo, que debieron florecer, perfumar y dar buenos frutos en provecho de su amado Coracora y su Excelsa Madre Virgen de las Nieves.
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