Los peruanos nos hemos acostumbrado a convivir tanto con la corrupción, al extremo de usar la expresión “ha robado, pero ha hecho obras” y así justificar el acto delincuencial del funcionario de estado, que se adueñó del dinero de todos.
El Contralor General de la república Fuad Khoury sostiene que "cada año se pierden 8 mil millones de soles por corrupción” es decir, los funcionarios del estado encargados de administrar la economía de todos los peruanos, “se roban 8 mil millones cada año”, y lo que es peor, el Contralor también revela que el 77% de funcionarios responsables no ha recibido ningún tipo de sanción. ¿Para eso nos obligan pagar el 19% del costo de cualquier producto que compramos?
Si los que gobiernan el país actuaran con uñas cortadas y manos limpias, o sin robar la plata de todos, se construirían 8 mil obras de un millón cada uno a lo largo y ancho del país, es decir 320 obras en cada región, 41 en cada provincia y casi 5 obras de un millón de soles en cada uno de los distritos del Perú.
Pero lamentablemente la corrupción esta institucionalizada, la pérdida de valores ha llegado a su extremo. La afirmación del contralor hace inferir que si el común de los funcionarios del mas alto nivel que cometen actos de corrupción en su gran mayoría no son castigados o sancionados, entonces, ¿qué se puede esperar de aquel funcionario regional o municipal? Las denuncias son innumerables; el papel que le toca desempeñar al Poder Judicial es benevolente o de complicidad con la delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que las palabras de un político carecen del valor moral de compromiso? ¿Ha perdido peso la palabra de un candidato? Lo cierto es que hay una percepción de impunidad en el país, de modo que el modelo actual solo alienta la corrupción. Los últimos 30 años, han ido de mal a peor. Todos buscan sacar alguna ventaja para su provecho personal.
Es necesario que el congreso y las entidades competentes dicten sanciones drásticas, modificando las penalidades y haciendo que el Poder Judicial para administrar justicia se encuentren integrados por miembros de la sociedad civil en partes proporcionales. Si se aplicaran sanciones ejemplares empezando por los altos mandos de la nación, sea cual fuere el estrato social, condición política, cargo judicial, militar o religioso, entonces cualquier simple funcionario de estado; tendría que pensar dos veces antes de incurrir en actos de corrupción, por que sabría lo que le espera. Pero si todo continúa igual como hasta ahora, seguirá alentándose la corrupción al punto de consagrar un estado corrupto y mirar en los cargos nacionales, regionales o municipales una lotería para convertirse en nuevos millonarios en un abrir y cerrar de ojos. Solo en esa lógica, se justifica por ejemplo la exagerada cantidad de candidatos a las regiones y municipios en el proceso electoral del año en curso y tantos de ellos incurriendo en el cinismo de la re-reelección.
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