MINERIA RESPONSABLE

El gobierno del Presidente Ollanta Humala frente a los conflictos sociales que se desarrollan en diferentes puntos del territorio nacional por problemas referidos al agua, a la minería y a demarcaciones territoriales y que han sido originados en años y hasta décadas anteriores,  ha decidido crear la Dirección Nacional de Prevención y Solución de Conflictos Sociales en la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta Dirección Nacional tendrá representación en todas las regiones y se ocupará de atender, con la anticipación necesaria, los conflictos que puedan surgir  en el ámbito nacional.

De igual manera, nuestro Jefe de Estado ha anunciado un nuevo esquema para una minería responsable, con un modelo de impacto social, con la participación conjunta entre el Estado, la comunidad y el inversionista, respetando el ambiente y el uso sostenible del agua.  Para eso, optan por un esquema integral de políticas, como:

1. Mayor participación del Estado de los ingresos generados por la minería. Así en septiembre último se aprobó un nuevo gravamen minero. Dichos  recursos se destinará a obras de infraestructura en las zonas más pobres del país y que no cuentan con recursos del canon.

2. Consulta previa a los pueblos indígenas: Con base a la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa. El plazo para presentar el proyecto de Reglamento vence el próximo 23 de enero.

3. Fondo de garantía ambiental: Las empresas deberán contar con un Fondo de Garantía que se ejecutaría en caso de cualquier daño al medio ambiente o que afecte a la población.

4. Fondos de inclusión social: El gobierno promoverá que los proyectos de inversión minera constituyan Fondos de Inclusión Social que servirán para desarrollar proyectos de educación, salud, saneamiento, agua potable, servicios públicos, electricidad e infraestructura agropecuaria. Las comunidades participarán en las decisiones acerca de en qué se gastarán estos recursos. 

5. Derecho de la población rural y urbana al acceso del recurso agua para el consumo humano y de sus actividades agropecuarias: La política del gobierno es hacer cumplir las leyes que establecen que la 1ra prioridad en el uso del agua será para el consumo humano, y que por tanto, la promoción de los proyectos hídricos de naturaleza pública y privada, se orientarán hacia la satisfacción plena de las demandas de las poblaciones para acceder a este recurso.

Con relación a la minería ilegal el gobierno pidió y consiguió del Congreso facultades para legislar en este asunto. Así, en un plazo de 120 días, dictará las normas necesarias para erradicarla. Es que la minería ilegal está alcanzando niveles nunca vistos y constituye un grave problema social, ambiental y económico para el Estado, que deja de percibir casi $ 250 millones por concepto de Impuesto a la Renta.

Además el presente año, el gobierno propondrá un marco legal integrador para regular los servicios ambientales; así como la aprobación e implementación de los Estándares de Calidad Ambiental y los límites máximos permisibles. En la PCM se creará una Comisión Multisectorial, encargada de la revisión, evaluación y diseño de una propuesta de integración de las funciones de evaluación de los estudios de impacto ambiental, la administración de los recursos hídricos y la fiscalización ambiental. A la fecha la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) esta a cargo del Ministerio de Energía y Minas,

Esta clara y precisa intencionalidad política del gobierno para encarar los conflictos sociales surgidos por asuntos referidos al agua, a la minería y a demarcación territorial, debe sensibilizar y comprometer la confianza y colaboración del pueblo peruano, a efecto de que, de los frutos que todos esperamos, principalmente a favor de los más olvidados y marginados.