Que paupérrimo valor tiene la vida humana para quienes no
tienen dinero, al extremo de que el pueblo y la justicia no tengan el valor de
honrar siquiera la memoria de sus fallecidos. Es el caso de los 7 estudiantes y
2 profesores muertos del colegio Nacional 9 de Diciembre y más de medio centenar
de heridos por la “avisada caída del puente colgante de cconchopata”, en Coracora,
Parinacochas, Ayacucho el 13-04-2009.
En 4 años hasta
la fecha, nadie, absolutamente nadie es responsable de esas 9 vidas. ¿Por qué?
¿Será porque sus deudos o familiares no cuentan con el “señor dinero” para
conseguir justicia? Propios y extraños sabemos que lo sucedido en cconchopata,
Coracora fue “muerte anunciada o
avisada” desde casi dos años antes. Por tanto, es evidente e inocultable
que los responsables de gobernar en los 3 niveles de gestión pública, actuaron con negligencia punible. No se trató
de un evento originado por fenómenos naturales donde la ciudadanía luego de
ayudar con algunos soles, se queda tranquila. Este, es un caso que tiene causantes no
identificados hasta hoy. El propio estado es tercero civilmente responsable
de los muertos y heridos, obligado a otorgar la reparación civil a los familiares
con parte de los impuestos que pagamos. Pero, para eso, el proceso judicial
debe ser bien encausado y comprendiendo al universo de responsables, hasta que
se dicte sentencia en última instancia del Poder Judicial.
En 4 años ¿Quién
o quiénes han asumido la defensa de los damnificados? Ese es el problema… Sabemos que Coracora es eje de
cultura y desarrollo en el sur de Ayacucho, es cuna de ilustres personalidades
que contribuyeron incluso con su vida a la independencia nacional y a frenar la
invasión chilena, es alcurnia del florecimiento de tecnología y la actividad
agropecuaria. Honrar y mantener incólume ese rico y auspicioso legado, obliga a
los coracoreños de hoy, pese a quién le pese y contra viento y marea, ayudar a
encauzar el proceso judicial en forma prístina. Sería imperdonable y censurable desde todo punto de vista, aceptar que
la memoria de 9 muertos, el dolor de tantos heridos y familias
afectadas, se cubran con el manto de impunidad o, el proceso judicial deje
cabos sueltos o dudas. Si eso sucediera, se demostraría que en “Coracora del siglo XXI la vida humana, ni
el dolor ajeno valen nada, lo que
colisionaría gravemente con su bien ganado prestigio.
Por consiguiente, invoco una vez más a los Coracoreños
en especial a los que residen en Lima a involucrarse en forma directa y
efectiva en este lamentable asunto, a efecto de asumir la defensa de los caídos y heridos -revisión completa del proceso judicial encausado hasta la
fecha- con un estudio
jurídico de prestigio y experiencia, así sentar precedente y ejemplo de
transparencia y solidaridad en beneficio de las nuevas generaciones.
Amigo Coracoreño, ayudar está en tus manos, solo necesitas solidarizarte con el dolor ajeno. De mi parte gustoso me sumaré con un aporte económico. Es la única manera de preservar el rico legado de Coracora y conciliar la solidaridad con la dignidad y el respeto a la memoria de los 9 caídos, hasta lograr que el estado pague la reparación civil a las familias afectadas; entonces, dejaremos de pensar que la negligencia los mató y la indiferencia más el olvido los remataría a 9 inocentes hermanos a perpetuidad en una ilustre ciudad, como Coracora.
Amigo Coracoreño, ayudar está en tus manos, solo necesitas solidarizarte con el dolor ajeno. De mi parte gustoso me sumaré con un aporte económico. Es la única manera de preservar el rico legado de Coracora y conciliar la solidaridad con la dignidad y el respeto a la memoria de los 9 caídos, hasta lograr que el estado pague la reparación civil a las familias afectadas; entonces, dejaremos de pensar que la negligencia los mató y la indiferencia más el olvido los remataría a 9 inocentes hermanos a perpetuidad en una ilustre ciudad, como Coracora.
Finalmente Imploro
a la Santísima Virgen de las Nieves, Patrona de Coracora para que toque y ablande el
corazón de sus hijas e hijos, especialmente de quiénes dirigen las
instituciones, a efecto de que ayuden a encauzar el proceso judicial en forma
prístina, en beneficio de los causantes y los caídos.
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